Por: Dr. Jorge Héctor Ávila Hernández

En los umbrales del nuevo siglo y milenio, a casi doscientos años de su Independencia y cien años de la Revolución, la sociedad mexicana se sigue debatiendo en un proceso histórico contradictorio en el que la democracia que se pretende construir, lo tiene que hacer en condiciones de estancamiento y crisis económica, con un Estado caracterizado por su debilidad para definir y conducir nuevas políticas de desarrollo nacional fuera de los lineamientos del neoliberalismo.
A más de 20 años de instrumentación del modelo neoliberal mexicano, las reiteradas formas de exclusión, desigualdad y pobreza en nuestro país han creado condiciones en las que se hace difícil un ejercicio real de la ciudadanía y los derechos ciudadanos, un déficit democrático que a nivel latinoamericano ha sido ampliamente documentado en el famoso Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2004 . 
En este contexto surge la pregunta acerca de ¿Cuáles pueden ser los alcances reales de la transición democrática en nuestro país, en las actuales condiciones económicas, marcadas por la crisis, el estancamiento, el debilitamiento de la rectoría estatal y la profundización de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales?
Ello exige revisar las posibilidades que genera esta transición en diversos actores y sectores de la sociedad, desde aquellos que la circunscriben a una nueva institucionalidad político-electoral que sustituye los viejos mecanismos verticales y autoritarios de control político, mediante la consolidación de un régimen de partidos, plural, sustentado en elecciones libres; pasando por los que la piensan como una reforma más amplia que abarca a todo el Estado (la Reforma del Estado), hasta aquellos que la proponen e impulsan como un cambio más radical en los diversos ámbitos: socioeconómico, político, cultural e ideológico, sobre la estructura general de la sociedad.
 
De la Democracia Representativa a la Participativa.
La democracia como concepto teórico y práctica social, se ha construido históricamente, ampliando progresivamente sus alcances y contenidos, en función de los horizontes ideológicos que la han inspirado y determinado en cada momento histórico.
Este concepto que en su forma procedimental contemporánea, implica la organización de la competencia pacífica por el poder político, vía procesos electorales, y su operación mediante un régimen legal acordado por todos los actores sobre las reglas de procedimiento o método, le confiere legitimidad, resulta hoy insuficiente para favorecer las expectativas de un desarrollo económico, social y moral amplio de las sociedades; a un Estado de derecho y orden justo que se coloque por encima de la mera alternancia en los poderes constitutivos de la nación.
Es por eso que la sola alternancia en la presidencia de la República en el año 2000 refrendada en 2006 no constituye sino un momento más en el largo proceso de consolidación democrática del país, empresa con múltiples dificultades por superarse como condición para el desarrollo general de nuestra sociedad.
Un concepto amplio de democracia nos remite al problema de la "democracia participativa", que se refiere a la capacidad real de la mayoría de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos públicos de la nación, más allá de la democracia formal. Capacidad que no es coyuntural ni exclusiva de la esfera política, sino que se hace permanente y extensiva a todas las esferas de la vida social.
Diversos estudiosos han elaborado sus modelos de análisis de las transiciones. (los llamados estudios transicionales). Para Roger Bartra   la transición sirve para señalar o explicar el paso de un sistema con una estructura más o menos definida o establecida, a otro sistema con otra estructura también más o menos definida. Sin embargo en la estructura y sistema de llegada nos enfrentamos al problema de que uno de los cabos está suelto, está indefinido, inacabado, no ha terminado aún.
Esta perspectiva nos parece fundamental para pensar la transición mexicana con un alcance mucho más amplio y profundo, como algo que señala hacia una “época abierta”, en la que el concepto de transición será más heurístico que explicativo, en la medida en que no señala un fin claramente determinado.
Ahora bien, no hay que perder de vista que para Bartra esta transición no es en absoluto lineal, sino compleja y contradictoria en cada uno de sus momentos o períodos, e incluso puede también dar lugar a un retroceso o a una reafirmación violenta del Estado. Para Bartra, la transición mexicana puede ser pensada en dos ciclos:
1.- Un ciclo largo, cuya transición empieza a quebrar el antiguo régimen a partir de 1968; ciclo largo que aún no ha concluido y no sabemos como ni cuando va a terminar.
2.- Un ciclo corto, en el que las reglas tradicionales del sistema autoritario dejan de funcionar hacia finales de los 80s, La culminación de este ciclo es 1994-96, años en los que las nuevas reglas formales del sistema democrático ya están en operación, aunque desde la perspectiva del ciclo largo todavía no termina, al no haberse creado aún una alternativa civilizatoria de fondo que estabilice efectivamente la vida democrática.
Se propone aquí a esta transición mexicana en el ciclo largo, respaldada por la emergencia y avance de una ciudadanía cada vez más participativa, que empuje hacia la construcción de una democracia que trascienda los límites de la participación político-electoral, hacia una democracia emancipatoria.
Para Jorge G. Castañeda , la diferencia entre un ciclo largo y uno corto equivale a la diferencia entre un cambio de sistema y cambios en el sistema. Los cambios en el sistema (ciclo corto) han permitido una competencia electoral más o menos democrática por el poder, pero aún no cristalizan en un nuevo enfoque de qué hacer con el poder y cómo gobernar realmente (ciclo largo). Estas nuevas condiciones permiten que haya alternancia, pero sin alternativa.
Por ello es necesario avanzar más allá de las reglas que deben regir a la lucha político-electoral por el poder político, hacia lo que Bartra llama el ciclo largo. Por lo anterior, el concentrarse sólo en lo electoral es una manera de posponer la discusión sobre alternativas más globales de cambio para el país.
Queda claro que en este punto nos enfrentamos con lo que Guillermo O”Donnell denomina los indecidibles en el terreno teórico y conceptual: “La “indecidibilidad teórica” de los derechos políticos, por si mismos y mucho más si también reconocemos a los derechos civiles y sociales como relevantes para la democracia, le da a la democracia su peculiar dinámica y apertura histórica” . Debiéndonos situar más bien en el terreno del análisis de la realidad concreta, la acción  social, las luchas sociales y las correlaciones de fuerzas sociales, espacios en los que se han de resolver dichas demandas y derechos.
Remontándonos a los orígenes de la Época Contemporánea, Antoine Artous  plantea que después de la Revolución Francesa, el Hombre como género humano adquirió una primera emancipación: la política. Una emancipación limitada porque el enunciado de igualdad político-jurídico abstracto de la nueva ciudadanía se vuelve insuficiente para el logro de una verdadera emancipación, pese a que constituyó la base de un nuevo poder público, del cual no se podía prescindir para las sucesivas emancipaciones.
En lo que respecta a los valores fundamentales de la igualdad y la libertad, desde la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se plantearon las relaciones entre ambos, destacando la importancia y necesaria realización de los dos. Por ello actualmente asistimos al desarrollo de la exigencia de nuevos derechos que conciernen tanto a la igualdad como a la libertad, dos caras indisociables de los derechos del hombre, en un proceso que no opone los intereses de la comunidad a los de los individuos, sino que busca realizarlos unos en otros. De ahí que los derechos individuales necesariamente tienen una dimensión social: derecho a la educación, a la salud, etc.
Por lo anterior, Artous establece que se debe cuestionar la ideología liberal que plantea una noción del bien común centrado en el individualismo y deja fuera la posibilidad de la acción colectiva y comunitaria, como parte de la construcción de un nuevo concepto de ciudadano que se manifiesta en el espacio público y tiene la posibilidad de logro de un determinado impacto político.
Por ello es imperativo considerar el desarrollo de la construcción ciudadana, más allá de un individualismo, más allá de la democracia electoral y representativa, para plantear nuevas formas de participación que exigen el avance hacia una democracia de lo público, con el necesario desarrollo de formas deliberativas y participativas, en una sociedad civil que, pese a sus intereses particulares, debe construir su pertenencia a una nueva comunidad política que se mantiene unida, no por el Estado y la clase política, sino por un vínculo común, una preocupación pública. Así surge una comunidad política sin forma ni identidad completamente definida, abierta a una continua transformación.

La Gobernanza y la Exigencia de la Gobernabilidad Democrática
En las dos últimas décadas la preocupación por la gobernabilidad , íntimamente ligada con la estabilidad social y la legitimidad, determinó el surgimiento de un nuevo término: la gobernanza, también popularizada como ciudadanización, en torno a la cual se destacó el concepto del Estado de Derecho como aspiración del estado neoliberal, mediante los principios comunes de transparencia, participación y responsabilidad.
La gobernanza configuró un discurso que involucra un conjunto de valores, principios, normas, reglas, procesos y prácticas formales e informales, que deberían orientan el desarrollo de una determinada política pública, en la que se definen también los actores muy diversos (grandes empresas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones base de la comunidad), los procedimientos y los medios legítimos de acción colectiva. 
Este nuevo discurso de la gobernanza es el que buscó otorgar a la gobernabilidad su toque democrático en el neoliberalismo , entendido como el grado de armonía, identidad o correspondencia que existe entre los intereses del pueblo y la actividad del Estado. Así, el concepto de democracia no sólo se limita a una forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política.
Aquí se propone la necesidad de ir más allá de la gobernanza y la gobernabilidad sin adjetivos hacia una gobernabilidad democrática; esta última "no tiene que ver con el gobierno, sino con la sociedad (que incluye al gobierno), y no se refiere a la autoridad sino al poder (que incluye la autoridad), en suma, es la sociedad por definición la que debe de estar como centro de la gobernabilidad democrática"
Esta identificación de la sociedad como su centro es la que permite que: "...los procesos contemporáneos de construcción de la gobernabilidad democrática conducen a la transición de sociedades autoritarias y burocráticas a sociedades participativas y sinérgicas" .
Ahora bien hay diversos tipos de participación: comunitaria, social y ciudadana , a los cuales frecuentemente se les definen como sinónimos, pero no lo son, aunque la participación comunitaria y la social se definen en forma amplia como participación ciudadana porque los individuos interactúan en el marco de los derechos que les otorga el Estado. La participación social se expresa como un ejercicio libre y autónomo de los ciudadanos con respecto del gobierno y se ve reflejada en formas de participación sectorial con demandas sociales reivindicativas y urbanas, movimientos sociales tales como: feministas, ecologistas, pacifistas, juveniles, infantiles, en pro de la niñez, la salud, la educación, obreros, etcétera. En este tipo de participación los ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos, se organizan y participan para reivindicar sus demandas en el espacio público, frente al gobierno, reservándose el derecho de relacionarse o no con este último.
En cambio, la participación ciudadana en sentido estricto se distingue de las otras dos porque los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones- toman parte de los asuntos públicos del Estado, en una estrecha relación entre el gobierno y los ciudadanos.
Punto de Partida. Participar en lo Local
Como parte de las reformas democráticas de los últimos años se ha planteado el fortalecimiento del Federalismo. El surgimiento de una nueva relación entre los diversos órdenes de gobierno, que en el ámbito de los gobiernos locales (municipales) intenta activar y fortalecer algunos mecanismos de participación ciudadana. Bajo el influjo del propio modelo neoliberal, las legislaciones estatales y las leyes orgánicas municipales han incorporado algunas formas de participación ciudadana. Participación que no ha estado exenta de provocar tensiones políticas entre las necesidades sociales de participación y la efectiva capacidad de los gobiernos municipales para convertirse en instituciones incluyentes. Lo cierto es que estos gobiernos municipales han establecido límites a esta participación ciudadana; a la forma en que quieren relacionarse con los ciudadanos.
La Agenda de la Reforma Municipal planteó desde hace ya una década una serie de propuestas sobre la participación ciudadana que habría que seguir considerando una por una, que apuntan hacia una exigencia de democracia directa, que se inscriben en la perspectiva de la transición democrática:
• plebiscito, referéndum, consejos de participación ciudadana, consejos de desarrollo local, consejos sectoriales, iniciativa popular, consulta pública, cabildo abierto, contraloría social, comunicación social, etcétera.
Actualmente hay organizaciones y movimientos sociales que continúan impulsando la creación de nuevos modelos institucionales de democracia directa que superen los esquemas de representación existentes, en los que se tome en cuenta a una ciudadanía conformada por múltiples actores sociales que actúan en el ámbito municipal hacia su incidencia en la definición de las políticas públicas locales.
También en el ámbito local hay experiencias de participación comunitaria, de carácter autogestivo, que pueden ser recuperadas para impulsar esa participación social que permita el diálogo y la construcción de consensos, en el marco de una cultura política diferente.
Actualmente desde la sociedad civil debe emerger una participación social y comunitaria que hagan uso de su derecho de participación como ciudadanos, ante el reconocimiento de que existen problemas y necesidades que se tienen que resolver en el ámbito local. Los ayuntamientos deben promover diversas formas de participación ciudadana, respetando aquellas en las que los ciudadanos se han organizado por sí mismos.
La profundización de una Reforma Municipal tendría que ver al municipio como un sistema complejo, en el que es necesario acercar el gobierno local a la ciudadanía, mediante el estímulo a la participación social y comunitaria. Para lograrlo, se requiere avanzar en esa Reforma Municipal y el nuevo Federalismo, a fin de que se modifiquen las actuales condiciones de relación entre los diversos órdenes de gobierno. Se debe ampliar la autonomía municipal a través de la descentralización de recursos y competencias, y la creación de instancias de orden legislativo, o por lo menos deliberativo, que logre mayores equilibrios en un sistema de poderes e incorpore las figuras de referéndum, iniciativa popular y consulta ciudadana.
¿Hasta donde legislar o reglamentar estas nuevas formas de participación ciudadanas? Es necesario reflexionar acerca de los alcances y limitaciones de la participación ciudadana en un sistema abierto de relaciones. Para el caso del plebiscito y la consulta popular, lo que se podría legislar sería la obligatoriedad de los ayuntamientos de llevarlos a cabo en los casos en que se amerite.
La consecuencia natural de la perspectiva ampliada de la democracia es el imperativo de realizar un análisis de las fuerzas sociales capaces de impulsar una auténtica construcción democrática, que exige una nueva cultura ciudadana que profundice una democracia participativa , que garantice las condiciones de acceso, defensa y respeto de los derechos políticos, civiles y sociales, que permitan desarrollar mejores condiciones de equidad y justicia social para la población de nuestro país. 
El Desarrollo de una Cultura Ciudadana
El desarrollo de una cultura ciudadana es fundamental, para ello se requiere empezar por resignificar el concepto de la política y de lo político, porque generalmente entendemos a la política y lo relativo a lo político como una actividad mala o negativa, que tiene que ver con prácticas inmorales, fraudes o corrupción. Se debe crear una nueva perspectiva  de educación ciudadana orientada hacia una vida común, una vida colectiva, una vida en sociedad, en la cual todos tenemos la obligación de participar para bien de nosotros mismos como sociedad.
Si se resignifica la política como aquel interés del ciudadano por participar y aportar a una vida comunitaria, este enfoque debería ser fomentado desde la educación básica, en ese sentido de pertenencia a una comunidad, a un conglomerado social, a una sociedad. Un nuevo enfoque de participación que empieza desde el hogar, el vecindario, la colonia y la ciudad en que se vive. Al fomentar este sentido de pertenencia y de participación colectiva los ciudadanos podremos fortalecer diversas formas de participación, entendiendo lo político, no como algo circunscrito al gobierno, a los partidos políticos o a emitir el voto para elegir tal o cual representante.
La educación ciudadana, como parte de un proceso de formación a lo largo de la vida, empieza desde el hogar, es decir desde el seno familiar; los padres deben inculcar a los niños este sentido de pertenencia a un colectivo, a una comunidad, ir preparando a los futuros ciudadanos para que participen de la vida política no sólo cuando cumplan 18 años y puedan elegir a  representantes y gobernantes, sino que deben participar activamente en la construcción de la vida comunitaria y colectiva de la sociedad.
Lo que hay que recuperar es el sentido constructivo de la política, “el hombre es un ser político", es decir debe participar e interesarse por la vida en común, en colectividad, en lo que afecte a esa comunidad.
Hay  que vincular la política, lo político y la formación ciudadana al concepto de democracia, ¿por qué?, porque si no se vinculan y sólo se habla de política se corre el riesgo de entenderla como la sola lucha por el poder, que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con las practicas democráticas o con una verdadera participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los gobiernos
Habría que retomar el valor de la corresponsabilidad en la formación ciudadana partiendo desde la familia porque desde ella se debe promover en los niños este interés por la vida colectiva, comunitaria, por la vida social, por desarrollar valores como la igualdad, la justicia, la equidad, después el sistema educativo formal también tiene una responsabilidad muy grande, pero no menos que los partidos políticos, los gobernantes o representantes populares y, por último, los medios de comunicación. Se requiere la convergencia de todos estos actores para re-estructurar totalmente lo que pasa con el concepto y práctica de la política en México, y verdaderamente resignificarlos hacia el bien común. Cambiar el concepto de la política como la posibilidad de trabajar por el bien de toda una comunidad, de todo un proyecto de sociedad, ya sea a nivel municipal, estatal, o nacional.

El Aporte de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
Las llamadas TICs están contribuyendo al desarrollo de esta nueva cultura ciudadana centrada en la comunicación y hacen posible un ejercicio de la democracia en sus valores reivindicativos, mediante una libertad de expresión, un derecho a la información y la construcción de redes sociales y ciudadanas. “Una comunicación básicamente participativa, pero que reconcilie la palabra con la acción, que  signifique influir en el nivel de las decisiones, una palabra que tenga poder y que por lo tanto politice. 
En este escenario, Internet 2.0, a través de espacios de interacción como los blogs y las redes sociales, se convierte hoy en herramienta social privilegiada para construir una nueva sociedad que se comunica, se horizontaliza y democratiza. Estos espacios permiten reunir el conocimiento colectivo disperso, mediante la interacción de personas que tienen intereses similares, con lo que se crean nuevos sentidos de identidad y comunidad. 
Este puede ser el sentido más profundo de esta última revolución tecnológica, una sociedad que se comunica, que hace política y se democratiza, es decir que promueve una verdadera participación y el desarrollo de un nuevo sentido de comunidad y ciudadanía.